Perú sigue en el podio latinoamericano de las megainversiones en agua y Saneamiento
PRENSA ALADYR / Diego Ortuño. Con una brecha histórica que superar y un marco legal renovado, el Perú impulsa una cartera de infraestructura hídrica sin precedentes en la región. La disciplina macroeconómica y las garantías jurídicas blindan miles de millones de dólares en Asociaciones Público-Privadas. En diálogo exclusivo, revelamos la estrategia estatal para atraer tecnologías globales en desalación y depuración.
El acceso universal y sostenible a los servicios de agua potable y saneamiento es, sin duda, el mayor desafío estructural y sanitario de América Latina. La República del Perú ha decidido enfrentarlo mediante una de las estrategias de apalancamiento financiero y atracción de capital privado más ambiciosas del continente. Las cifras oficiales revelan que para garantizar estándares de calidad, acceso y sostenibilidad hídrica a nivel nacional para 2030, se requiere de una inversión de 98,542 millones de soles. Solamente para sostener el ritmo necesario hacia las metas universales básicas para el año 2026, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ha calculado una necesidad de inversión que bordea los 41,000 millones de soles.
Frente a esta colosal demanda que el Estado no puede absorber en solitario, el gobierno peruano ha consolidado a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) como el motor de cierre de brechas, estructurando un portafolio transaccional de Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos que ha captado la atención y el apetito de los mercados globales y la banca multilateral. Únicamente la cartera correspondiente al periodo 2024-2026 contempla iniciativas en saneamiento por más de 2,400 millones de dólares, orientadas a beneficiar directamente a unos siete millones de peruanos distribuidos en 14 regiones, abarcando desde la costa desértica hasta la agreste Amazonía.
Lo que distingue genuinamente a este mercado y mitiga el riesgo a largo plazo para los consorcios de ingeniería global es una estabilidad macroeconómica que ha demostrado estar a prueba de vaivenes políticos. Tal como señalan las proyecciones gubernamentales, el Perú cerró 2025 con un crecimiento sostenido cercano al 3.4% de su PBI, una inflación sumamente controlada del 1.5% —perfectamente alineada al rango meta del Banco Central—, y una deuda pública históricamente manejable que ronda el 32% del PBI. Este blindaje financiero, sumado a los potentes mecanismos normativos introducidos recientemente por la Ley N° 32441, convierte a los complejos contratos de concesión a 20 o 23 años en instrumentos legales altamente predecibles y atractivos.
Para profundizar en la hoja de ruta de adjudicaciones, la modernización de los incentivos tarifarios y la adopción de tecnologías de vanguardia (como ósmosis inversa y tratamiento biológico integral), Aguas Latinoamérica conversó en exclusiva con Emerson Castro, pieza fundamental en la orquestación de esta mega-cartera de infraestructura peruana.
Perfil del Entrevistado: Emerson Castro Ingeniero Civil Titulado y Colegiado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la Maestría en Dirección de la Construcción de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en asociaciones público privadas, así como experiencia en gerenciamiento, ejecución y seguimiento de proyectos. Se ha desempeñado como Director General de Programas y Proyectos de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Director de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres del PRONIED, y Director General de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas. Actualmente, es director de la Dirección Especial de Proyectos en PROINVERSIÓN.
Aguas Latinoamérica (AL): frente al reciente cambio de gobierno y la recurrente rotación de cuadros técnicos, ¿qué mecanismos de blindaje institucional se están aplicando para garantizar que la cartera de proyectos de inversión pública y privada no sufra interrupciones y mantenga su viabilidad técnica y financiera?
Emerson Castro (EC): recientemente en Perú se ha publicado un nuevo marco normativo (Ley N.º 32441 y su reglamento) que regula los proyectos que se desarrollan bajo la modalidad de Asociaciones Publico Privadas, el cual incorpora varios mecanismos institucionales que contribuyen a dar mayor estabilidad, continuidad y predictibilidad a la cartera de proyectos.
En primer lugar, el marco fortalece la gobernanza del sistema al consolidar el rol del Ministerio de Economía y Finanzas como ente rector en la Inversión Privada. Este diseño institucional permite que las decisiones estratégicas se sustenten en criterios técnicos y fiscales, reduciendo riesgos de interrupciones en los procesos. En segundo lugar, el nuevo marco otorga a ProInversión un rol más activo dentro del ciclo de vida de los proyectos, al permitirle actuar como Entidad Pública Titular del Proyecto (EPTP) en determinados casos y participar no solo en la estructuración y adjudicación, sino también en la fase de ejecución contractual. Este enfoque contribuye a asegurar la continuidad técnica de los proyectos.
Asimismo, el reglamento establece mecanismos de seguimiento permanente de los proyectos mediante equipos especializados del Ministerio de Economía, lo que permite monitorear su avance, identificar riesgos de manera temprana y coordinar soluciones con las entidades involucradas. Otro elemento relevante es la estandarización de procesos y documentos contractuales, así como la delimitación clara de las competencias de los organismos reguladores y de las entidades públicas titulares de proyectos. Esto reduce duplicidades, mejora la trazabilidad de las decisiones y fortalece la seguridad jurídica para los inversionistas. Finalmente, el sistema promueve la incorporación de herramientas de gestión de proyectos (PMO) y mejores prácticas internacionales para la estructuración y ejecución de las APP. Todo ello contribuye a asegurar que los proyectos mantengan su viabilidad técnica y financiera a lo largo del tiempo.
AL: ¿qué garantías específicas de seguridad jurídica ofrece el Estado peruano a los inversores internacionales para asegurar el respeto irrestricto a los contratos de concesión frente a posibles cambios en la política económica o regulatoria?
EC: el Perú cuenta con sólidas credenciales macroeconómicas y una política de integración comercial, que le permite acceso a mercados internacionales. En materia de seguridad jurídica, el país ofrece un marco sólido para la inversión extranjera, que garantiza condiciones claras y competitivas para los inversionistas. Entre sus principales características destacan el trato no discriminatorio, mediante el cual el inversionista extranjero recibe el mismo tratamiento que el inversionista nacional; el acceso sin restricciones a la mayoría de los sectores económicos; la libre movilidad de capitales; la promoción de la libre competencia; la protección de la propiedad privada; la libertad para adquirir acciones de inversionistas nacionales; así como el acceso al crédito interno y externo y a mecanismos internacionales de solución de controversias.
Asimismo, el Perú participa en el Comité de Inversiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y promueve la implementación de las Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales, en el marco del proceso de adhesión del país a dicha organización. En este marco, la seguridad jurídica se refuerza mediante los Convenios de Estabilidad Jurídica, suscritos como contratos-ley. Estos convenios otorgan al inversionista, principalmente, el derecho a la estabilidad del régimen del Impuesto a la Renta; el derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable disponible en el mercado; el derecho a la no discriminación; la estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas; así como el derecho a la libre remesa de utilidades, dividendos y regalías, por un plazo determinado. Todo ello garantiza su intangibilidad frente a cambios normativos o regulatorios y brinda previsibilidad al inversionista y a la empresa receptora de la inversión respecto de las garantías otorgadas, fortaleciendo la confianza en el entorno de inversión.
Por su parte, el Registro de Inversión Extranjera Directa reconoce formalmente las inversiones provenientes del exterior que se realicen en actividades económicas generadoras de renta. Dicho registro garantiza al inversionista el derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles y sin requerir autorización previa, el íntegro de sus capitales —incluyendo la venta de acciones, participaciones o derechos, reducción de capital o liquidación de empresas—, así como la totalidad de los dividendos, utilidades netas comprobadas, regalías y contraprestaciones por el uso o transferencia de tecnología. Asimismo, asegura el derecho a utilizar el tipo de cambio más favorable en las operaciones cambiarias correspondientes, otorgando oponibilidad y plena protección jurídica a la inversión registrada. En conjunto, estos mecanismos refuerzan la seguridad jurídica, la libre movilidad de capitales y la predictibilidad de las condiciones bajo las cuales se desarrollan las inversiones en el Perú.
PTAR Trujillo: la megaplanta del norte
Una de las joyas técnicas de la cartera es la PTAR Trujillo, estructurada como una Iniciativa Privada Cofinanciada vital para sanear la Macro Región Norte. Con una adjudicación prevista para 2026, la concesión requerirá una enorme inversión y operará un sistema de vanguardia.
El consorcio ganador deberá mantener tres modernas plantas de tratamiento de aguas residuales (con una capacidad combinada de 2.8 m³/s) y rehabilitar complejas líneas interceptoras urbanas, brindando un respiro ambiental y abriendo la puerta al reúso agrícola en Trujillo Metropolitano, Salaverry y Chepén.
AL: la gestión de aguas residuales municipales sigue siendo un desafío. ¿Qué planes existen para integrar tecnologías de vanguardia en el marco de la planificación urbana nacional, y qué incentivos se están diseñando para que las Empresas Prestadoras de Servicios sean financieramente sostenibles?
EC: en el Perú, la incorporación de tecnologías avanzadas se viene impulsando a través de tres ejes normativos y de política:
a) Política sectorial y economía circular (MVCS): la Hoja de Ruta hacia la Economía Circular en Agua Potable y Saneamiento al 2030 (D.S. Nro. 007-2024-VIVIENDA) promueve la adopción de soluciones innovadoras orientadas a eficiencia energética, reúso, valorización de subproductos (lodos, biogás) y resiliencia climática. En la práctica, esto abre espacio para tecnologías con recuperación energética, siempre en función del contexto urbano y del análisis costo-beneficio.
b) Planificación sectorial vinculada al territorio: la integración con la planificación urbana se da mediante la articulación entre los instrumentos de planificación urbana (planes de desarrollo urbano y acondicionamiento territorial), y la priorización sectorial de brechas del MVCS. Esto permite incorporar soluciones descentralizadas o modulares en expansión urbana, especialmente donde la cobertura convencional resulta menos eficiente.
c) Esquemas APP: en ciudades grandes e intermedias, la promoción mediante APP ha permitido incorporar tecnologías más complejas bajo contratos por desempeño, con incentivos a eficiencia operativa y confiabilidad en cumplimiento de estándares ambientales.
Incentivos para la sostenibilidad financiera de las EPS: el enfoque actual combina regulación tarifaria, fortalecimiento institucional e incentivos a eficiencia: a) Regulación tarifaria por desempeño (SUNASS): los marcos tarifarios incorporan metas de gestión, reducción de pérdidas y sostenibilidad operativa. Asimismo, el reconocimiento progresivo de costos eficientes busca cerrar brechas entre costos reales y tarifas históricas. b) Economía circular como fuente de ingresos complementarios: el marco reciente promueve monetizar subproductos (energía, biosólidos, agua tratada para reúso), lo que contribuye a reducir costos operativos y mejorar sostenibilidad financiera en el mediano plazo.
Balance bajo el marco vigente: en síntesis, el Perú ya cuenta con instrumentos para incorporar tecnologías avanzadas y fortalecer la sostenibilidad de las EPS; no obstante, el desafío sigue siendo operativizar la articulación sectorial, acelerar la adopción tecnológica según escala de ciudad y consolidar esquemas tarifarios y contractuales que reflejen costos reales con criterios de eficiencia y equidad.
El Laberinto normativo del reúso de agua en Perú
A pesar del impulso brindado por instrumentos marco como la Hoja de Ruta hacia una Economía Circular en Agua Potable y Saneamiento al 2030 (D.S. Nro. 007-2024-VIVIENDA), el Perú «aún no se cuenta con una norma peruana vigente que regule expresamente el reúso potable directo o indirecto como categoría propia, con estándares sanitarios, barreras múltiples, requisitos de monitoreo y un procedimiento de autorización específico», subraya Emerson Castro. En la actualidad, el ecosistema legal regula el reúso general; la Autoridad Nacional del Agua (ANA) otorga los permisos, pero la autoridad de Salud (DIGESA) aún no dispone de procedimientos definidos para la reinyección al sistema de agua de consumo humano.
Para destrabar esta situación, la clave reside en la estandarización institucional. Castro propone articular un «procedimiento intersectorial único», que evite duplicidades y actúe bajo las siguientes competencias:
- que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) lidere la regulación técnica.
- que MINSA/DIGESA establezca los criterios sanitarios y de vigilancia.
- que el Ministerio del Ambiente (MINAM) encuadre la viabilidad ecológica.
- que la ANA conserve el título habilitante para el recurso hídrico.
AL: ¿por qué, en el actual panorama regional, Perú sigue siendo un destino de primer nivel para invertir bajo la forma de Asociaciones Público-Privadas en saneamiento, y cómo la estabilidad macroeconómica del país minimiza el riesgo para el capital privado en proyectos de largo aliento?
EC: el Perú cuenta con sólidas credenciales macroeconómicas y una política activa de integración comercial, que le permite acceso a mercados internacionales y genera un entorno atractivo para la inversión a largo plazo como las Asociaciones Público-Privadas. En términos macroeconómicos, al cierre de 2025, la economía peruana registró un crecimiento cercano al 3,4% del PBI, reflejando una recuperación sostenida impulsada por la inversión pública y privada, así como por el dinamismo de sectores estratégicos y la demanda interna. En paralelo, el país mantiene una inflación baja y estable, al cierre del 2025 la inflación cerró 2025 en 1,5%, dentro del rango meta del BCRP, lo que evidencia la solidez de la política monetaria y contribuye a mantener expectativas de precios estables para los inversionistas. Adicionalmente, el Perú mantiene una deuda pública cercana al 32% del PBI, una de las más bajas de América Latina, lo que fortalece la sostenibilidad de las finanzas públicas y la confianza de los inversionistas. Este entorno macroeconómico estable, caracterizado por crecimiento sostenido, inflación controlada y disciplina fiscal, reduce los riesgos asociados a inversiones de largo plazo.
Para proyectos APP en saneamiento, que implican horizontes de inversión de 20 a 30 años, la predictibilidad macroeconómica del país facilita la estructuración financiera de los proyectos, mejora el acceso al financiamiento y brinda mayor certidumbre sobre los retornos de inversión. En ese contexto, sumado a la importante brecha de infraestructura en agua y saneamiento y a una cartera activa de proyectos, el Perú se posiciona como uno de los destinos más atractivos de la región para el desarrollo de infraestructura bajo el modelo de Asociaciones Público-Privadas. Complementariamente, el país cuenta con instrumentos que fortalecen la viabilidad financiera de estos proyectos, como el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV (RERAIGV), el cual permite a los inversionistas recuperar el IGV pagado durante la etapa preoperativa. Este mecanismo resulta especialmente relevante en proyectos de saneamiento, caracterizados por altos montos de inversión inicial y periodos prolongados sin generación de ingresos, ya que mejora el flujo de caja, reduce los costos financieros y optimiza la estructura de financiamiento. De esta manera, el RERA IGV contribuye a reducir el costo de capital y mitigar riesgos financieros, incrementando la bancabilidad de los proyectos APP y reforzando el atractivo del Perú como destino de inversión en infraestructura de largo plazo.
Desalación en la costa pacífica
Dos tendencias ineludibles dominan el portafolio en el litoral: megaproyectos de captación centralizada y el salto a la ósmosis inversa. El gigante indiscutible es el proyecto de Iniciativa Estatal Obras de Cabecera (1ra fase) para la metrópoli de Lima, que con una estimación de CAPEX puro de US$ 476 millones busca asegurar el agua de 1.5 millones de personas construyendo la Planta Huachipa II (2.5 a 5 m³/s) y el vasto Ramal Sur de 26 kilómetros.
Por el sur, el estrés hídrico se mitigará tecnológicamente con la Desaladora Ilo (inversión de capital de US$ 171.5 millones), un sofisticado proyecto privado diseñado para garantizar una producción independiente y continua de agua potable de 432.93 L/s procesando directamente agua de mar.
AL: ¿a cuáles de los proyectos que tienen en cartera destacaría para seguir de cerca durante este año y el siguiente?
EC: para el año 2026, ProInversión cuenta con un portafolio de inversiones diversificado conformado por 44 proyectos estratégicos en sectores clave como electricidad, saneamiento, salud y transportes, entre otros, que en conjunto representan una inversión estimada de alrededor de USD 19 mil millones. Asimismo, hacia 2027 se prevé una cartera de 33 proyectos por aproximadamente USD 13 mil millones, y para 2028 se proyectan 20 proyectos adicionales por un monto cercano a USD 8 mil millones.
En el sector de agua potable y saneamiento, ProInversión promueve oportunidades de inversión por más de USD 2 500 millones, que beneficiarán a más de 3 millones de personas en seis regiones del país. Dentro del portafolio 2026, actualmente se encuentran en etapa de transacción y apertura al mercado proyectos como “Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento de Agua Potable para Lima – ODC (Primera Fase)” y el proyecto “Tratamiento de Aguas Residuales para disposición final o reúso, ciudad de Cajamarca – PTAR Cajamarca”, cuya adjudicación está prevista para el tercer y segundo trimestre de este año, respectivamente.
Adicionalmente, para 2026 destacan proyectos relevantes como PTAR San Martín (USD 301 millones), PTAR Huancayo (USD 434 millones), Desaladora Ilo (USD 241 millones) y PTAR Trujillo (USD 670 millones), los cuales representan inversiones estratégicas para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento.
De cara a 2027, se proyecta la apertura al mercado de nuevos proyectos como PTAR Cañete (USD 281 millones), PTAR Cusco (USD 165 millones), Desaladora Lima Norte (USD 205 millones), Saneamiento Chanchamayo y Concepción (USD 296 millones), Saneamiento Rural de Loreto (USD 89 millones), Servicios de Agua Potable Cajamarca (USD 491 millones), Saneamiento Tumbes y Contralmirante Villar (USD 410 millones), Servicios de Saneamiento Iquitos (USD 432 millones) y Desaladora Lambayeque (USD 54 millones). Finalmente, dentro de la cartera prevista para los años siguientes, también destacan proyectos como Saneamiento San Ignacio (USD 25 millones), Servicios de Saneamiento de Huaura y Barranca (USD 80 millones) y Servicios de Saneamiento Talara (USD 294 millones), que permitirán seguir ampliando la infraestructura y mejorar el acceso a servicios de agua y saneamiento en distintas regiones del país.»
El multimillonario pipeline hídrico peruano
La escala de la inyección de capital gestionada por PROINVERSIÓN refleja un mercado latinoamericano en plena expansión. Solo dentro de la vertical de saneamiento y abastecimiento, las oportunidades de inversión corporativa ya superan los US$ 2,500 millones, impactando positivamente en el desarrollo integral de más de 3 millones de personas.
A nivel macro e intersectorial, la agencia estatal tiene el colosal encargo de licitar 44 proyectos estratégicos por US$ 19,000 millones durante el año 2026, con perspectivas que mantienen el dinamismo a largo plazo al contemplar 33 proyectos (US$ 13,000 millones) en 2027 y otros 20 proyectos (US$ 8,000 millones) para el año 2028.
La revolución de las obras por impuestos (OxI)
Mientras las Asociaciones Público-Privadas traccionan los megasistemas urbanos centralizados hace 23 años, el Perú ha perfeccionado paralelamente una agresiva herramienta de inclusión rural y periurbana con las Obras por Impuestos (OxI). Este régimen permite a la corporación privada financiar directamente y edificar la obra pública que su entorno necesita, recuperando íntegramente su inversión descontándola de sus obligaciones por impuesto a la renta. Hoy, PROINVERSIÓN promueve de manera activa una impresionante cartera transversal de 706 intervenciones valorizadas en más de 19,084 millones de soles.
Con una excepcional tasa de ejecución exitosa y libre de trabas burocráticas que supera el 80% , este modelo colaborativo ha trascendido fronteras, siendo ya replicado estructuralmente por varios países de Centro y Sudamérica.